Vía InfoLibre
La empresa pública Tragsa ha vuelto este mes de marzo a repartir entre casi 300 directivos la denominada retribución por objetivos (DPO), pese a que cerró 2014 con las mayores pérdidas de su historia, cerca de 45 millones de euros. Esa cifra más que duplica los números rojos de 2013, 18,5 millones. Ese dato se redujo en 17,5 millones gracias a la aplicación de un crédito fiscal de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).Es una constante en la política retributiva del grupo: pagó en 2013 ese bonus a sus cargos de organigrama al tiempo que presentaba el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de un grupo público, con el que pretendía despedir a 1.336 trabajadores. Y lo siguió abonando en 2014 después de que el ERE fuera anulado y la Audiencia Nacional le obligara a reincorporar en sus puestos de trabajo a 300 despedidos. En 2012, cuando se suprimió la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos, los directivos de Tragsa cobraron sus bonus. Sus salarios, además, están congelados por imperativo de la Ley de Presupuestos del Estado desde 2010, pese a que, en el caso de la filial, Tragsatec, su convenio colectivo, el del sector de ingenierías, incluía un alza del 0,8% para 2013 que la empresa se ha negado a aplicar.
El año pasado los directivos se repartieron cuatro millones de euros en DPO. Este ejercicio, se pagará un 30% menos, según explican fuentes de CCOO, que denunciará en cualquier caso ese abono ante la Inspección de Trabajo por no haber sido informados. La DPO se percibe en dos pagas, en marzo y julio.
La ingresada este mes coincide con la negociación en la filial, Tragsatec, de un procedimiento para modificar las condiciones de trabajo de 184 trabajadores adscritos a proyectos de la Consejería de Agricultura de Andalucía. La empresa pretende reducir su jornada semanal a 32,5 horas y, proporcionalmente, también sus salarios. Sería el segundo recorte de este tipo que sufren, puesto que en 2013 ya se les redujo a 37,5 horas.
El pasado día 10, los trabajadores rechazaron en asamblea la propuesta de la empresa. Así que ahora se encuentran a la espera de lo que Tragsatec decida. De momento, ha comunicado a los trabajadores que vuelven a tener una jornada de 40 horas semanales. Durante la negociación, según explica el sindicato CGT, la empresa les advirtió de que, si no se alcanzabaun acuerdo, a un 20% del personal afectado se le aplicarían “desplazamientos forzosos” a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia para cubrir 211 vacantes que tiene en esas comunidades autónomas.
Próxima vista en el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ya tiene sala y ponentes para debatir el recurso que Tragsa presentó contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en abril pasado anuló el ERE. Y que obligó a la empresa a reincorporar en sus puestos de trabajo a los 300 trabajadores que ya había despedido para cuando se publicó el fallo. Uno de los argumentos esgrimidos por los sindicatos durante la negociación del ERE se refería a la existencia en Tragsa de una cúpula directiva inflada. Y a que muchos de esos ejecutivos habían sido colocados en la empresa por motivos políticos.
En Tragsa fueron fichados en 2013 el yerno del diputado del PP Gabino Puche, la hija de un exsocio de bufete del ex ministro Miguel Arias Cañete, y un primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Este departamento controla el 38,9% de las acciones del grupo. Además, en pleno ERE, la empresa pública contrató al exalcalde de El Escorial (Madrid) por el PP Javier de Miguel Sánchez, imputado luego en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. En abril de 2014 metió en nómina a una alto cargo del PP canario. Y en octubre se anunció, aunque no llegó a materializarse por el escándalo suscitado, la contratación como delegado en Galicia del exalcalde de Santiago Ángel Currás, doblemente imputado por corrupción.
El presidente cobra 183.200 euros al año
El presidente cobra 183.200 euros al año
Según denunció CCOO durante el ERE, unos 200 directivos del grupo público cobran más que el presidente del Gobierno –78.185,04 euros al año–. Tragsa cuenta con una plantilla de 10.200 personas. De acuerdo con su memoria anual correspondiente a 2013 –la última publicada–, el personal de organigrama suma 269 personas, más otros cuatro altos cargos. El presidente, Miguel Giménez de Córdoba, cobra 183.205,07 euros brutos anuales, tal y como consta en la página web del grupo. El consejo de administración cobró en dietas por asistencia –sus miembros no perciben otra remuneración– un total de 156.000 euros en 2013. El personal de alta dirección ingresó ese ejercicio 623.000 euros en retribuciones, pero la memoria no precisa cuántos ejecutivos integran esa categoría.
CCOO también denunció en su día que, para el ERE, la empresa había blindado frente a los despidos al 100% de los expertos, el 96% de los jefes de departamento y el 93% de los mandos de actuaciones.
