En la mañana de Ayer, CCOO y UGT han presentado ante el Defensor del Pueblo escrito en el que se insta a esta institución promueva recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por entender que restringe derechos fundamentales de los trabajadores.
Los argumentos en los que se basa dicha solicitud son los siguientes:
v Vulneración del artículo 86. 1 de la Constitución Española
§ Por no concurrir ni los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad, ni los presupuestos materiales que facultan al Gobierno para el uso de esta figura normativa.
v Vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española: prohibición de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales
§ Supresión durante el año 2012 de la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, de los empleados públicos.
v Vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho fundamental a la libertad sindical contemplados en los artículos 37.1 y 28.1 de la Constitución Española
§ El artículo 7 y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 20/2012, vacían de contenido los elementos esenciales del derecho a la negociación colectiva: la autonomía colectiva y la eficacia de lo pactado. Asimismo, infringen el derecho a la libertad sindical, en tanto permiten que el empleador público, de forma unilateral, suspenda o modifique el cumplimiento de un convenio colectivo, acuerdo o pacto.
§ El artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2012, invalida los acuerdos colectivos alcanzados en materia de número de representantes del sindicato y el crédito horario que corresponda a éstos en su ámbito de aplicación. También, restringe para lo sucesivo la capacidad de negociar estos acuerdos al ámbito de las Mesas Generales de Negociación reguladas en el EBEP.
§ El artículo 13.1 del Real Decreto-Ley 20/2012, por ser contrario al derecho a la libertad ideológica, en su vertiente negativa de no estar nadie obligado a declarar sobre su ideología (afiliación sindical y política) del artículo 16.1 y 2 de la CE y, por vulnerar el derecho a la libertad sindical al atentar a la libertad interna y al derecho a la autoorganización del sindicato, del artículo 28.1 de la CE.
Adjunto el Recurso de inconstitucionalidad del RD 20/2012 entregado a la Defensora del Pueblo por CC.OO y UGT.
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