Un total de 29 empleados de la empresa pública estatal Tragsatec que prestaban servicios en las delegaciones provinciales y servicios centrales de la Consejería de Agricultura dejarán hoy de trabajar. El despido se lo comunicaron por carta a finales de julio argumentando «un desajuste entre los medios humanos y los trabajos a realizar». Hoy esperan recoger su finiquito y sus pertenencias.
La situación laboral de los trabajadores era compleja. Pertenecen a la empresa Tragsatec –del Grupo Tragsa–, un ente instrumental con participación mayoritaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tragsatec asegura que la Junta de Andalucía les debe dinero y que, en este caso concreto, «se ha procedido a revisar la dotación inicial de medios adscritos a la encomienda de gestión para el «apoyo técnico a la gestión de las ayudas incluidas en la solicitud única financiadas con cargo a Feaga, gestionadas a través de delegaciones provinciales».
Algunos de los despedidos ya han denunciado su situación en los juzgados. Consideran que ha habido una «cesión ilegal» de trabajadores entre Tragsatec y la Junta y que muchos contratos constituían «fraude de ley» porque acumulaban más de dos años trabajando por obra y servicio: muchos llevaban así desde 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario